Publicado en «Derecho y emergencia sanitaria»
Directores: Jose Fernando Marquez y Maximiliano R. Calderón. Ed. Advocatus, 2020

 

 

Dra. Lucia Irigo

1.- Introducción

El contexto actual en que nos encontramos a raíz del coronavirus (Covid-19) ha generado una emergencia de salud pública global con impactos enormes en el sistema de salud internacional y local.

Nuestro país no ha sido indiferente a ello. Desde los primeros anuncios del gobierno en el mes de marzo, los prestadores de salud privados  han ido implementando diferentes estrategias internas con los siguientes objetivos: a) evitar la circulación de pacientes a fin de prevenir el contagio, es decir, medidas encaminadas a minimizar la diseminación de la infección; b) reservar el maximo de capacidad operativa para atender la demanda de pacientes contagiados de Covid-19, afectando el máximo de sus recursos y capacidades para responder a la demanda excepcional de atención médica que -estiman-sería inminente.

Así, por ejemplo, se suspendieron turnos de consultas presenciales y cirugías que no revisten el carácter de urgentes, se modificó la modalidad de atención, implementando en algunos casos el servicio de telemedicina para la realizacion de consultas de manera virtual, se adaptó el sistema de recepción de pacientes, estableciendo anexos de atención diferenciada para pacientes con síntomas compatibles con coronavirus, afectando personal y profesionales exclusivos para esas atenciones, capacitar y entrenar al personal en aspectos particulares sobre el uso de los elementos de proteccion personal y del tratamiento del paciente con síntomas o diagnostico compatible con coronavirus.

Estas medidas se tomaron en el entendimiento de que estamos atravesando una emergencia que requiere que el sector privado de la salud se involucre directamente cooperando con el Estado en el tratamiento de la crisis sanitaria. Pero esos cambios no han sido inocuos, produciendo un impacto drástico en el sector.

La cantidad de prestaciones se han reducido, el trabajo ordinario ha disminuido en mas de un 80% del habitual y estimamos que esto seguirá así por un tiempo difícil de precisar. El gobierno nacional, por su parte, ha adoptado diferentes medidas que involucran a los prestadores de salud, públicos y privados. Nos preguntamos si son suficientes para atender la problemática de los prestadores de salud privados así como el impacto que tienen en ellos. Para avanzar en esta respuesta, las detallamos brevemente.

 

2.- Algunas medidas del gobierno nacional y provincial con impacto en el sector

Además de las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio adoptadas por el gobierno nacional, de las que todos estamos al tanto, el gobierno también contempló otro tipo disposiciones que involucran directamente a los prestadores de salud. Entre ellas:

a) Decreto 260/2020 del 12/03/2020 amplia la Emergencia publica en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en razón de la declaración de pandemia proclamada por la  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por el COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.  En tal sentido, faculta al Ministerio de Salud a tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos de la pandemia. Entre ellas (art. 5) se compromete a mantener informados a los centros de salud y profesionales sanitarios, públicos y privados, sobre las medidas de prevención, atención, contención y mitigación, que corresponde adoptar para dar respuesta al COVID-19.  Asimismo, prevé que todos los efectores de salud públicos o privados deberán adoptar medidas para suspender las licencias del personal de salud afectado a la emergencia.

b) Por ley provincial 10.690 la Provincia de Córdoba se adhiere a la Emergencia Pública en materia sanitaria declarada por el Estado Nacional y entre otras cosas, dispone que el Poder Ejecutivo, en ejercicio de las facultades y prerrogativas establecidas en la Constitución Provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia, dispondrá las medidas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del sector público como privado, a efectos de centralizar el manejo de las acciones necesarias que requiera la situación, quedando facultado asimismo a determinar medidas y acciones sanitarias de excepción. Asimismo, faculta al Ministerio de Salud de la Provincia, a disponer la asignación, recepción y/o derivación de pacientes afectados por patologías no relacionadas a la emergencia sanitaria por Coronavirus, de establecimientos del sector público a establecimientos del sector privado, a efectos de ampliar su capacidad de atención ante el incremento de las situaciones que requieran su intervención. En este sentido: Las medidas que establezca el Ministerio de Salud durante la situación de emergencia declarada por dicha ley, serán de acatamiento obligatorio por los prestadores del sector privado y los financiadores del servicio de salud cuyos afiliados sean residentes permanentes en la Provincia de Córdoba, como así también por los establecimientos sanitarios dependientes del ámbito municipal y comunal, considerándose falta grave a su incumplimiento, cumplimiento parcial o defectuoso, siendo en consecuencia pasibles de las sanciones que cada régimen legal determina.

c) Mediante Resolución 680/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, se incorpora al COVID-19 al régimen de enfermedades de notificación obligatoria, estableciendo la obligación de notificar los casos de COVID-19, su evolución e investigación epidemiológica a los médicos que asisten pacientes en establecimientos de salud de gestión pública o privados profesionales de los laboratorios de gestión pública o privada que estudien muestras de casos sospechosos, probables, confirmados y descartados; las respectivas autoridades de los laboratorios y establecimientos de salud de gestión pública o privada; Las respectivas autoridades sanitarias provinciales y municipales. Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, dictó el decreto 158 del 09/03/2020 que en su art. 2 declara responsables directos a los directores médicos de los centros de salud públicos y privados de la Provincia de Córdoba, de la comunicación inmediata y oportuna de los posibles casos que se detectaren de COVID-19, como así también de la correcta aplicación de los protocolos de actuación y recomendaciones correspondientes a cada grupo de patologías, generados por las autoridades nacionales y provinciales, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades particulares que tienen los médicos tratantes en el marco de la Ley Nacional N° 15.465 que establece la obligatoriedad de notificación.

d) Mediante decreto 300/2020 de fecha 19/03/2020 el gobierno nacional dispuso durante 90 días beneficios fiscales para las empresas privadas de salud, estableciendo: a) una “reducción del 95 por ciento en la alícuota prevista en el artículo 19 de la Ley N° 27.541”,con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y b) dispuso que “las alícuotas del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias serán del 2,50% y del 5%», en las cuentas corrientes siempre que se trate de empleadores correspondientes a establecimientos e instituciones relacionadas con la salud.

e) Mediante Decreto 315/2020 de fecha 26/03/2020 el gobierno nacional dispuso un pago extraordinario al personal sanitario a cargo del Estado Nacional, que consiste en el pago de $5.000 para las tareas prestadas en los meses de abril, mayo, junio y julio. Ello comprende a quienes prestan servicios en centros asistenciales de salud en el sector público, privado y de la seguridad social que, en relación de dependencia o mediante otras formas contractuales -en tanto la prestación del servicio presente la característica de continuidad, ya sea bajo la figura de la locación de servicios, pasantías, becarios, residencias o prácticas profesionales- estén abocados al manejo de casos relacionados con la pandemia de COVD-19.

f) A tales efectos, los representantes legales de las instituciones de Salud Pública y Privada de todo el país, deberá confeccionar un listado por número de CUIL, en forma de declaración jurada y bajo su responsabilidad, de los trabajadores y las trabajadoras que cumplan con las condiciones previstas en el decreto.

g) Creación de la Unidad Coronavirus COVID-19: Integrada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el CONICET y la Agencia I+D+i, la Unidad tiene por objetivo coordinar las capacidades del sistema científico y tecnológico para la realización de tareas de diagnóstico e investigación sobre el COVID-19.

h) Construcción de 8 Hospitales Modulares de Emergencia: El Ministerio de Obras Públicas dispuso poner en marcha la construcción de módulos hospitalarios que permitirán ampliar en 560 las camas de internación y ofrecer atención las 24 horas para fortalecer el sistema de salud ante la pandemia.

 

3.- El impacto del Covid en la empresa de salud

Analizaremos el impacto de esta crisis sanitaria en el sector, tratando de evaluar las posibles implicancias que puedan producirse:

a) La modificación de los alcances de la obligación de seguridad.
La obligación de seguridad, como el deber prestacional secundario y autónomo que implícitamente asumen las partes en ciertos contratos, de preservar a las personas y bienes de sus cocontratantes[1], cobra especial relevancia en materia de contratos médicos. La institución medica, además de brindar un servicio de salud consistente en la prestación medica propiamente dicha, debe asegurar que el paciente y sus acompañantes no se expongan a riesgos adicionales. Esto es propio de la obligación de seguridad que complementa al contrato de servicios médicos, y que se extiende hasta tanto el paciente abandona la institución. Sería una obligación cuyo objeto es la atención del enfermo, pero con varias prestaciones: atención, cuidado, uso de instrumentos y cosas adecuadas[2].

Pues bien, en esta situación excepcional del Covid, las instituciones deberán tomar las medidas de precaución necesarias para evitar contagios a personal o profesionales así como también a otros pacientes que concurran a la institución por patologías diferentes. Así, por ejemplo, algunas medidas adoptadas han consistido en (i) armar anexos de atención particular para el ingreso exclusivo de pacientes con sintomatología compatible con Covid 19; (ii) afectar pisos de internación para el tratamiento exclusivo de pacientes infectados; (iii) reducir la cantidad de visitas permitidas a los pacientes contagiados, implementando asimismo que cumplan con las condiciones adecuadas de vestimenta, que utilicen los elementos de protección personal, etc.; (iv) establecer en las unidades de terapia intensiva boxes de atención diferenciada para pacientes contagiados; (v) implementar protocolos de atención para sus empleados o prestadores de servicios.

Pese a las medidas tomadas, la vertiginosidad en la propagación del virus y la facilidad de su contagio, hace que la evitación del mismo tenga muchas falencias. En este sentido, la evidencia actual sugiere que la propagación de persona a persona ocurre incluso entre los trabajadores de la salud que atienden a pacientes enfermos de COVID-19[3], quienes pese a las medidas de protección se encuentran muy expuestos. Esto no solo implica para la empresa de salud que su personal o colaboradores se expongan a un riesgo difícil de controlar, sino también que los médicos y enfermeros que prestan servicios en la institución, sean un foco de propagación de la enfermedad a terceros, dentro o fuera de la empresa.

En este contexto, los riesgos del funcionamiento de la empresa de salud se multiplican. Imaginen los casos en que profesionales contagien a pacientes sanos, que concurren para ser tratados de otras patologías. O el caso de una persona internada en terapia intensiva recuperándose de una cirugía determinada, que se contagia del virus por compartir la sala con otro enfermo. O familiares sanos que concurren a la institución y allí resultan infectados.

Estas situaciones no pueden ser asimiladas a los casos de contagio de infecciones intrahospitalarias en contextos normales. Ello, porque para que la infección sea intrahospitalaria tiene que haber sido contraída dentro del nosocomio.  En este caso, la prueba de ese extremo seria prácticamente imposible, dado que el virus circula localmente y es altamente contagioso. Así también, porque independientemente de donde se produjo efectivamente el contagio (dentro o fuera del nosocomio), la infección -en este caso Covid 19- no tiene origen en la institución, sino que constituye una pandemia con impactos globales. En el caso de las infecciones intrahospitalarias, aun cuando sea discutido el factor de atribución aplicable (sea que se la considere una obligación de seguridad de resultado o de medios) en todos los casos es la empresa de salud quien debe probar la eximente (sea la causa extraña, si la responsabilidad es objetiva, sea la falta de culpa, si se la considera subjetiva)[4]. Entendemos que el caso particular de Covid 19 constituye en si mismo un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor (art. 1730 CCCN), que exime de responsabilidad a la institución por contagios de posible producción dentro de su ámbito de actuación.

Es que, en términos generales, lo extraordinario del caso justifica una relativización en la valoración de la obligación de seguridad a cargo de la institución. Si la situación supera toda previsibilidad de la institución médica en cuanto a recursos, cantidad de pacientes, afectación de personal, insumos, etc., entendemos que la calificación de la obligación de seguridad debe hacerse desde la perspectiva de la excepcionalidad de la situación, flexibilizando el análisis de los parámetros de responsabilidad, que ya no pueden ser los mismos que los de situaciones ordinarias.

         

b) El impacto en los contratos en curso

La crisis sanitaria, como ya comentáramos, produjo una disminución muy significativa en el trabajo normal o habitual de las instituciones de salud. Así, se suspendieron los turnos programados, las cirugías que no revisten urgencia, es decir, se pospusieron las actividades que representan el mayor caudal de trabajo de cualquier institución médica, y por ende se disminuyeron sustancialmente los ingresos derivados de dichas prestaciones. Si bien es cierto que próximamente -a la fecha en que se escribe este trabajo aún no se ha llegado a esa instancia-  los sanatorios y hospitales estarán abarrotados de pacientes contagiados de Covid – internados o en forma ambulatoria-, dichas atenciones no igualan -en términos económicos- los ingresos que representarían las prestaciones habituales de toda institución médica (cirugías complejas, consultas médicas, estudios, etc.), sumado a los costos extras que trae aparejada la atención en medio de esta crisis.

Todo esto está generando un impacto en los contratos en curso de ejecución.

Pensamos por ejemplo, en contratos con proveedores. En algunos casos, la demanda de determinados insumos ha crecido significativamente (ej. elementos de protección personal: barbijos, alcohol en gel, respiradores) en cuyo caso, el curso de estos contratos seguirá desarrollándose con cierta normalidad, aunque existan contingencias propias del aumento de la demanda, como la falta de producción suficiente para atender las necesidades del mercado.

Ahora bien, otros tipos de problemas se presentan con los contratos que ya no pueden seguir su cauce normal, porque las modificaciones en la organización de la prestación del servicio de salud a raíz del Covid 19 han impactado fuertemente en su estructura.

Veamos entonces qué vicisitudes pueden darse en estos contratos: En primer lugar, aclaramos que la pandemia reviste las características de un «caso fortuito» o «fuerza mayor» (conf. art. 1730 CCCN). Se trata de una situación imprevisible, no solo a nivel local sino internacional. Asimismo, inevitable, pues pese a todos los esfuerzos para evitar su propagación y contagio no se ha podido frenar su expansión.  Como sostiene Calderón, “en nuestro sistema jurídico, el mismo factum (la ocurrencia de un hecho sobreviniente, imprevisible o inevitable, ajeno a las partes) calificado como caso fortuito presta diversos servicios: (i) excluye la responsabilidad del deudor; (ii) determina la posibilidad de suspender, revisar o resolver el contrato, a través de diferentes mecanismos”[5]

En este contexto, pueden darse las siguientes situaciones de hecho: (i) que se altere la ecuación económica financiera del contrato, modificando las bases sobre las que las partes decidieron contratar [6]; (ii) que exista una imposibilidad temporaria de cumplimiento (art. 956 CCCN) o una frustración temporaria de la finalidad (art. 1090 CCCN)[7] (iii) que se frustre de manera definitiva la posibilidad de cumplimiento del contrato (art. 956 CCCN)  o su finalidad (art. 1090 CCCN).

Los casos en que la imposibilidad del cumplimiento o la frustración de la finalidad del contrato sean temporales, podrán dar lugar a la suspensión del cumplimiento del contrato (conf. art. 1031) hasta el cese de las circunstancias excepcionales.

Ahora bien, en casos extremos, en que la continuación del contrato no sea viable, la extinción del mismo parece ser la solución razonable. La extinción, como regla, no generará responsabilidad para ninguna de las partes, pues la caracterización de la pandemia como caso fortuito o fuerza mayor, opera como eximente de responsabilidad (conf. art. 1730 CCCN), con las salvedades previstas en el art. 1733 CCCN.


c) Los cambios en la prestación de servicios médicos. La valoración de la responsabilidad médica.
En la mayoría de los establecimientos de salud privados, los médicos que componen el staff regular de la institución no se encuentran en relación de dependencia, sino que se vinculan por medio de contratos de prestación de servicios profesionales (conf. art. 1251 y ss CCCN). Pues bien, en la situación actual la mayor parte de los profesionales que corresponden a áreas que no están afectadas a la atención de pacientes con coronavirus, se encuentran ante la imposibilidad de prestar servicios de la manera tradicional (atención de pacientes dentro de las instalaciones de las clínicas o sanatorios) atento que los turnos y atenciones no urgentes quedaron suspendidos.

Esto ha representado, para los profesionales y para la institución, la necesidad de revisar la manera en que serán prestados los servicios de atención medica en esta situación excepcional. En algunos casos, la prestación del servicio médico podrá ser adaptada a otras modalidades que no involucren la atención presencial del paciente (ej. llamados telefónicos, utilización de sistemas de telemedicina). Esto implica, modificar la forma de ejecución del contrato (conf. Art. 1253 CCCN) en razón de estas situaciones excepcionales. En otros casos, la prestación del servicio se tornará de cumplimiento imposible (conf. arts.  955 y 1732 CCCN), como en el caso de prestaciones médicas no urgentes que requieren la concurrencia del paciente y su atención presencial (ej. un control oftalmológico).

Por otro lado, un tema no menor tiene que ver con el impacto que esta nueva modalidad en la prestación del servicio médico (telemedicina, atención telefónica) genera en la valoración de la responsabilidad médica. Sabemos que el art. 1725 del CCCN supone para los profesionales de la salud un standard de valoración agravado, en función de la condición especial del profesional y por la existencia de una confianza entre las partes, propia de la relación médico paciente.

Sucede que en el la situación actual, esta relación asume matices particulares, pues la telemedicina o la asistencia telefonica implican para el profesional nuevas forma de vincularse. La atención profesional por telemedicina sin duda significa cambios relevantes en la relación médico paciente, que impactan en los tradicionales enfoques propios del juzgamiento de la responsabilidad profesional y el derecho del consumidor[8]. Así por ejemplo, la dificultad en la identificación de las partes en la atención médica, las implicancias que puede tener el uso no autorizado de imágenes de pacientes (mediante el envío y reenvío de fotografías), las dificultades para registrar la información en la historia clínica, entre otras.

A esto sumamos las dificultades que pueden generarse en la calidad de la atención médica en sí misma. Es que los profesionales ya no cuentan con la cercanía que genera la atención presencial ni con la posibilidad de tener a disposición diferentes elementos o instrumentos que lo ayuden en la valoración del paciente, lo que puede incidir en la precisión de los diagnósticos arribados o en la adecuación de las prescripciones medicas.

Entendemos que la valoración de la responsabilidad civil del profesional por los actos médicos desarrollados en este contexto y por estos medios, debe hacerse con mucha prudencia.

Si bien el art. 1725 del CCCN fija una mayor responsabilidad «cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas» y asimismo prevé que en los contratos que implican una confianza especial entre las partes, la responsabilidad se estimará «por la condición especial del agente» este nivel de exigencia debe valorarse poniendo en consideración el especial contexto en el que el profesional desarrolla el acto médico (esto es, considerando las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar, conf. art. 1724 CCCN).

Pues bien, las circunstancias de tiempo y lugar estan atravesadas por una situación excepcional: una pandemia global que modificó las formas de vincularse y relacionarse, y así también cambió los esquemas de las consultas médicas. Hoy la mayoría de los profesionales se ven imposibilitados de efectuar atenciones de manera tradicional, por lo que la telemedicina o consultas telefónicas es un recurso excepcional. Entendemos entonces que la valoración de la diligencia de los profesionales -a los efectos de atribuirles responsabilidad por un déficit en su actuación- no puede soslayar lo extraordinario del contexto en el que están interviniendo.

 

d) Breves consideraciones bioéticas.
Los impactos en las instituciones de salud a raíz de la pandemia también involucran algunas consideraciones bioéticas que no pueden ser soslayadas. Una de ellas tiene que ver con la gestión de los recursos sanitarios escasos. Claramente, la magnitud del contagio genera un desequilibrio entre los medios disponibles y las necesidades de atención. De hecho, la experiencia demuestra un colapso en los sistemas sanitarios de la mayoría de los países.

Esto involucra tener que gestionar recursos insuficientes (camas de internación, ventilación mecánica) ante un número de pacientes que supera la disponibilidad de los mismos.

En este sentido, desde el Ministerio de Salud de la Nación se han brindado recomendaciones para la implementación de triage del paciente con diagnóstico de coronavirus. El triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Esto permite una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y la seguridad de las personas[9].

En otras palabras, este método es útil para seleccionar la asignación de recursos según la gravedad del paciente. Ello nos lleva al planteo de cuestiones de contenido bioético, que las instituciones deberán considerar y atender.

Así, por ejemplo: – en el momento en que se asigna un recurso para la atención de un determinado paciente ¿puede asegurarse la disponibilidad de ese mismo recurso para otro paciente de similar gravedad?; – ¿Qué criterios se consideran para determinar la gravedad del cuadro?; – ¿Cómo funciona la ponderación de la gravedad ante situaciones de extrema escasez de recursos?; -¿La posibilidad de sobrevida del paciente y/o el tiempo que pueda demandar su recuperación son criterios válidos para decidir la continuidad de la atención frente a otro con menos probabilidades o plazos mayores de tratamiento?.

En ese sentido, se han planteado, desde la bioética algunas consideraciones que subrayamos y compartimos, por su relevancia en la respuesta a algunos de los interrogantes plantados:

“-Toda persona, independientemente de su edad y condición, merece ser reconocida como persona con dignidad y con los DDHH que le son inherentes.

– Nadie debe ser discriminado por su edad o enfermedad. Todos merecen atención médica y cuidado;

– Los profesionales sanitarios deben salvaguardar su integridad y salud con los medios materiales que sean necesarios;

– El Estado y sus gobernantes tienen el deber de garantizar la salud de los ciudadanos, de prevenirles ante posibles daños, de poner los medios, actuales y futuros previsibles, para que no corra riesgo su vida, su salud y sobre todo la de los grupos de población más vulnerables;

– Los profesionales sanitarios tienen el deber de: atender, curar y cuidar de toda persona, independientemente de su condición; no conculcar el principio de no discriminación reconocido por la Constitución, los DDHH y los códigos deontológicos de todas las profesiones sanitarias;

– Ante situaciones extremas y escasez de recursos que pudieran darse (urgencia, guerra, pandemia, calamidad), deberían decidir qué paciente accede a la UCI conforme a criterios prudenciales, valorando caso por caso, no sólo la edad, sino también el diagnóstico y pronóstico del paciente. Y en todo caso, poniendo siempre todos los medios a su alcance para salvarle y proteger su derecho a la vida y a la salud. Sin que sea la edad un criterio discriminatorio;

– Se debe obrar con transparencia y comunicar a pacientes y familiares la extraordinariedad de la situación y la justificación de las medidas propuestas en cada caso;

– Se debería garantizar que toda persona fallezca con los cuidados que le son debidos, con la atención humana y espiritual oportunas.” [10]

En definitiva, la gestión de esta crisis sanitaria es una cuestión de salud pública y por lo tanto la asignación de recursos y el tratamiento de cada caso no puede quedar reservado a la decisión individual de cada institución médica. Entendemos que el Estado debe involucrarse en la determinación de los criterios éticos que van a considerarse para la atención de los pacientes, reeditando la discusión sobre la equidad, la justicia y el derecho colectivo a la salud.

 

4.- Algunas conclusiones

Es evidente que la crisis desatada por el coronavirus ha puesto el mundo patas para arriba. Vemos cómo países sólidos -institucional y económicamente- han quedado desmoronados mientras nosotros miramos desconcertados los avances de la pandemia.

Al tiempo en que se escriben estas líneas, recién estamos enfrentando los efectos de las primeras medidas gubernamentales adoptadas para evitar la propagación del virus a niveles tan escandalosos como los que hemos visto en otros lugares. Pese a que contamos con la experiencia de lo sucedido afuera, es difícil prever con exactitud los efectos que se producirán en nuestro país y – especialmente- en las instituciones médicas y en el sector sanitario local.

Como señalamos, ya se están sintiendo los primeros efectos en la disminución del trabajo habitual de las instituciones de salud, con impacto en términos económicos y en algunos contratos en curso de ejecución.

Es de prever también que las nuevas modalidades en la atención médica en esta coyuntura, la alteración de la relación medico-paciente así como la saturación del sector, predispongan la generación de conflictos. Esperamos que puedan ponerse en perspectiva las responsabilidades de las instituciones de salud, a la luz de lo excepcional de la situación y de lo vital de la intervención del servicio de salud en la batalla contra la pandemia.

 

 

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[1] Pizarro-Vallespinos, Tratado de responsabilidad civil, Tomo I, parte general, Ed. Rubinzal/culzoni editores, año 2017, pág. 318.

[2] Cerutti, María del Carmen, “La obligación de seguridad y su aplicación en el Código Civil y Comercial” Publicado en: RCyS2015-IV, 129 Cita Online: AR/DOC/558/2015

[3] https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/equipos-salud

[4] Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza en “D. R. A. c/ Clínica Santa Rosa s/ daños y perjuicios”, 1ra circ. de fecha 3-dic-2018, Cita: MJ-JU-M-115967-AR | MJJ115967 | MJJ115967

[5] Calderon,Maximiliano, “Contratos y coronavirus”, en Covid-19. Implican- cias jurídicas y tributarias, La ley, 2020.

[6] Esto ya está pasando en los contratos de las empresas de salud con los financiadores (obras sociales, empresas de medicina prepaga). Los aranceles convenidos con los financiadores se pactan, en muchos casos, en relación al volumen de pacientes y al tipo de prestaciones que ese financiador puede representar para la institucion médica. Hoy, el equilibrio de estos contratos está alterado. Las prestaciones médicas habituales cayeron estrepitosamente y los sanatorios y clinicas se estan preparando para atender -casi con exclusividad- casos de contagio de coronavirus. Pues bien, las bases sobre las cuales se negoció con los financiadores variaron, y esto exige una renegociacion de los acuerdos mientras dure la excepcionalidad de la situación.

[7] Así, por ejemplo, se dispone temporariamente el cierre de los bares o restaurantes que funcionan dentro de un sanatorio y cuya explotación está a cargo de un tercero. O por ejemplo, el contrato entre la institución y una empresa que presta servicio de limpieza: al cerrar determinadas zonas y reducir la circulación de personal y pacientes dentro de la institución disminuye significativamente el volumen de trabajo, no siendo necesario afectar tanto personal para la prestación del servicio de limpieza. En estos casos, podrá pensarse que el mantenimiento del contrato en los mismos términos a los anteriores a la pandemia no es la solución más adecuada, debiendo mantenerse la prestación del servicio, pero reducida a la nuevas necesidades.

[8] Maglio, Ignacio, Wierzba, Sandra M., “MEDICINA DIGITAL, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y NUEVOS CONFINES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” Publicado en: Sup. Esp. LegalTech 2018 (noviembre) , 213 Cita Online: AR/DOC/2387/2018

[9]http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001849cnt-covid-19_recomendaciones-implementacion-triage.pdf

[10] https://abimad.org/manifiesto-bioetico-ante-el-covid19/, Manifiesto bioético ante el COVID19, Dra. Elena Postigo Solana,  Instituto de Bioética Universidad Francisco de Vitoria Madrid,  18 de marzo 2020

27 mayo, 2020

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